“DESPUÉS NO DIGAN QUE NO LES ADVERTIMOS”

Algunos regidores de la MPCh están preocupados por unos hallazgos que la Contraloría encontró en un Examen de Control sobre 11 Ordenanzas de Beneficios Tributarios, que habrían perjudicado con más de 50 millones de soles a las arcas municipales. Diez de esas normas fueron emitidas en “la época de la perversión”. Una, en la actual “época de la bendición”, la misma que, habría generado un perjuicio de poco más de 13 millones de soles.

Si lo de la Contraloría llegara a mayores, es decir, si se produce una denuncia penal, los que tendrían argumentos para defenderse serían, el Regidor César Sisniegas, que estuvo de licencia, y el Alcalde Cornejo, que ¿sorpresivamente? tuvo  un compromiso que atender. El resto podría estar “frito pescadito”, aunque el argumento defensivo más contundente que puedan argüir,  sea el que, ellos confiaron en los informes técnicos que les alcanzaron. Entonces, los mayores responsables serían los asesores legales del CGT y  de la MPCh. Así mismo, el jefe de la entidad recaudadora y, cómo no, los integrantes de la Comisión de Asuntos Legales del municipio, que preside el inefable Alfredito Montenegro.

Pues bien, en pocos días, los regidores van a estar ante otra prueba de fuego. La aprobación o no de la “Declaración de Interés” de la Iniciativa Privada (IP), que ha presentado la empresa “Av. Proyectos y Construcciones SAC”, para construir el Terrapuerto Chiclayo, obra a la que tendrán que cambiarle el nombre, pues lo presentado, que va a merecer una inversión superior a los 50 millones de dólares, incluye un centro comercial, un hotel de 8 pisos y un Centro de Convenciones. Colaterales que no estaban considerados en el proyecto inicial, pero que, al parecer, surgieron a último momento, sin que se sepa quién fue “el soñador”.

Con el beneplácito de Cornejo, la IP, avalada entusiastamente por Lucio Asalde, la quieren hacer llegar al seno del Concejo para que se oficialice la “Declaración de Interés”, pasando por alto un tamiz señalado claramente por Pro Inversión. Ese tamiz es la “Evaluación de la IP”, que pasa por dos controles. Uno a la Empresa, a fin de saber si tiene experiencia,  y lo más importante, si tiene “Capacidad Financiera”. El otro control está referido a la idea que origina el proyecto, a fin de saber si éste es factible o no.

Los regidores, antes de otorgar su voto, deberían exigir se les haga llegar los resultados de esas evaluaciones, sobre todo, lo referente a la empresa. Su pasado no es muy prístino, a tal punto que, uno de los arquitectos más reconocidos en la Región, Javier Llorach Paredes, le ha presentado oficialmente el pasado 19 del presente mes, una carta al Decano del Colegio de Arquitectos, denunciando que el representante legal de la empresa que quiere hacer el Terrapuerto, ostenta un título profesional que no tiene. Julio Aguilar Lazo, dice ser arquitecto. Según Llorach Paredes, no lo es.

Hay que recordar que el Decano de Arquitectos, Heber García Ramírez, es el otro integrante de la CEPRI-Terrapuerto, resultando así su posición no muy clara. En la misma carta, el denunciante le dice al Decano: “Le reitero mi pedido personal para que dé un paso al costado” pues, sin duda que, la actuación de García está dejando mucho que desear. Hay en juego, no solo la solución a gran parte de la problemática del transporte citadino, sino también, el futuro financiero-económico de la MPCh.

Harían bien los regidores en invitar al Arquitecto Javier Llorach a una sesión de Concejo, para que les exponga el porqué de sus preocupaciones. Todos queremos que la ciudad tenga un Terrapuerto, pero parece que la desesperación u otros intereses, se estuvieran moviendo por debajo de la mesa. Así que, está en ustedes regidores, “DESPUÉS NO DIGAN QUE  NO LES ADVERTIMOS”.