Con indignación y sorpresa, la fiscal Magaly Quiroz le hizo saber al juez Segundo Adrianzén Cieza y a los
periodistas que, el abogado Wilfredo
Chero, defensor del “no habido” rector
de la UNPRG, Agustín Ramos García,
en la audiencia del viernes pasado, le tocó el hombro y le dijo: “Acuérdate que tú también estás en el
Habeas Corpus”, una no tan velada advertencia que Chero transmitió a la fiscal Quiroz, impulsora de la
denuncia que, por la comisión de diversos delitos, ha efectuado en contra de la
plana mayor de la UNPRG.
Esa advertencia me hizo recordar a la que, con mucho
sarcasmo y torpe ironía, utilizó en su momento el ex alcalde de Chiclayo Torres Gonzales para dirigirse al
fiscal Jorge Quiroz Grosso, luego que fuera absuelto de una
de sus tantas denuncias penales cuando le dijo: “para la próxima, hay que estudiar más”. Torres hoy está en la
cárcel. Quiroz sigue trabajando y estudiando. Sobre Ramos García hay una orden
de detención preliminar, y Chero Villegas se bate con todas sus armas para
impedir que la autoridad universitaria comparta celdas con el ex alcalde de
Chiclayo.
Para todos resultó una sorpresa lo vivido a mediados
de julio, cuando en una acción nocturna de la policía se logró detener a los
doctores: Leopoldo Vásquez Núñez, Luis
Collantes Santisteban, Juan Aguinaga Moreno y José Wilson Gómez Cumpa. El
arresto más cinematográfico fue el de Aguinaga Moreno, según se ha conocido, porque la policía sabía de su carácter
explosivo, y tenían la certeza que contaba legalmente con armas a su
disposición. Se dice que, el ingreso de las fuerzas del orden y la fiscalía
fue tan sorpresivo, que no le dieron tiempo a Aguinaga a ninguna acción
violenta, y que fue conducido con cierta tranquilidad a los ambientes policiales.
Sin embargo, no ha dejado de
llamar la atención que, el principal inculpado, dado que es la máxima autoridad
de la universidad, Agustín Ramos García, no fuese detenido en esa madrugada. Los vecinos de su domicilio en la
urbanización Latina advirtieron del gran despliegue policial que se efectuó en
su casa y en el colegio del que es propietario. “Es evidente que le pasaron la voz, no de otra forma logró fugarse de
donde, se suponía, ya estaba descansando”, me dijeron fuentes allegadas a
la captura, y desde esa madrugada hasta hoy, el rector está en la condición de “No Habido”, expresión que le gusta más
a su defensor Wilfredo Chero que la de “prófugo”
con la que lo han calificado distintos medios de comunicación.
El Ministerio Público ha denunciado a los ya citados
altos funcionarios de la universidad, por la presunta comisión del delito
contra la administración pública, en su modalidad de peculado, y contra la
tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para delinquir en
agravio de la sociedad. Y, la verdad,
cuando uno lee la sustentación que hace la fiscalía para formalizar y continuar
la investigación preparatoria de los acusados, quedan pocas dudas sobre la
veracidad de lo expuesto en el documento concerniente a la comisión de actos
irregulares.
La fiscalía ha logrado documentación con la que se ha
aprobado el pago durante el periodo del año 2013 como “remuneraciones y
asignaciones”: a Agustín Ramos García de
s/398,601, a Leopoldo Vásquez Núñez s/358,239, a Luis Jaime Collantes
Santisteban s/364,548, a Juan Aguinaga Moreno s/227,608, y a Wilson Gómez Cumpa
s/239,285.
De las resoluciones y planillas examinadas
correspondientes al año 2014 se detectó que cobraron las siguientes cantidades:
Agustín Ramos García cobró s/222,230,
Luis Collantes Santisteban s/195,795, Leopoldo Vásquez Núñez s/166,490, Juan
Aguinaga Moreno s/29,600, y Wilson Gómez Cumpa s/50,400.
La pregunta que mucha gente no-allegada a la
universidad se hace es cómo han podido ganar tanto dinero las máximas
autoridades de la misma. Aun cuando su abogado defensor del Rector y de otros
involucrados señala que son “Asignaciones
Especiales” debidamente sustentadas en disposiciones internas, la fiscalía
ha logrado determinar que, durante el rectorado del ingeniero Franklin Villena se aprobó la directiva
01-2010, a través de la resolución
de rectorado 193-2010-R-UNPRG, con
la que se estableció las “Normas y
procedimientos que regulan el otorgamiento de asignaciones especiales al personal
docente y administrativo en la UNPRG”.
Esta resolución fue anulada en la época en la que la “Comisión de Orden y Gestión”,
instalada por la ANR, conducía los destinos de la universidad. Sin embargo, Agustín Ramos, mediante
resolución 300-2012, restituyó la vigencia de la directiva que
creó las asignaciones especiales, la misma que permitió entonces la percepción
por parte del personal docente y administrativo, de ingresos extras por
realizar labores complementarias fuera de su jornada ordinaria de trabajo, es
decir, sábados y domingos en los centros de producción de bienes y servicios
que se desarrollan en la universidad.
En la directiva 01-2010, en el numeral 7.2, se
establece que las autoridades: rector,
vicerrectores, decanos y director de la escuela de posgrado, percibirán
“Asignación especial única, por concepto de responsabilidad directiva que
implica las funciones de representación, supervisión, monitoreo y evaluación de
las diversas actividades productivas y servicios que se generan en la UNPRG”. La
fiscalía señala que, gracias a esa reactivación de la directiva 01-2010, el
rector y la alta dirección universitaria lograron asignaciones económicas “sin que se haya realizado labor efectiva
por estos que justifiquen la percepción de suma alguna”, y agrega que han
recibido mensualmente ingresos superiores al más alto funcionario del estado,
como resulta ser el Presidente de la República.
Los documentos hallados que sustentan la denuncia
fiscal, se refieren a resoluciones emanadas desde las facultades, pero que,
para su aplicación, requieren la aprobación final del rector, previo análisis
de los vicerrectores y del asesor legal. Y
entonces, se generan cuestionamientos que rayan en lo asombroso y en lo
incrédulo. Por ejemplo, el 19 de abril
del 2013 se le paga a Agustín Ramos la suma de s/1,000 por “evaluación de los
expedientes de titulación de médicos especialistas”. ¿Cómo entender la tarea de
un ingeniero evaluando a médicos? Otro ejemplo, el 15 de julio del 2013 se le
paga a Ramos García s/2,500 por el “proceso de admisión residentado médico
2013”.
Dos meses después, en
setiembre del 2013, Ramos recibe s/800 por “proceso de admisión residentado
médico 2013”. En diciembre del 2013,
Ramos García recibe s/2,400 por “apoyo al funcionamiento del residentado médico
durante los meses de julio a diciembre del 2013”. En los casos
citados, también están involucrados los dos vicerrectores: Collantes Santisteban (académico) y Vásquez Núñez
(administrativo).
Una de las facultades que desde antaño mostrara a
través de sus diferentes decanos enorme imaginación para captar asignaciones
especiales a sus decanos y altas autoridades de la universidad, es sin duda la Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación.
Por ejemplo, el 30 de diciembre del 2013, por un “diplomado socio data” Ramos García recibió s/600. Por el “examen de admisión del programa de
licenciatura en educación modalidad mixta” el 11 de diciembre del 2013, Ramos
García recibió s/900. Ese mismo día, por el “proceso de admisión 2013-I del
programa de doctorado en ciencias de la educación de la FACHSE, Ramos García
recibió s/500.
Con resolución 532-2013-D-FE del 03 de setiembre del
2013, la facultad de ingeniería dispuso el pago mensual, entre agosto 2013 a
julio 2014, de s/1,250 a Agustín Ramos García, por “asumir la responsabilidad en la comisión de estudios de segunda
especialidad: especialista en cuidados intensivos, especialista en centro
quirúrgico, especialista en nefrología, especialista en oncología, especialista
en cuidados intensivos neonatales”, y la misma facultad dispuso que entre
octubre 2013 y setiembre 2014, se le pagara s/750 mensuales por “la
responsabilidad en la conducción de estudios de segunda especialidad:
especialista en cuidados intensivos neonatales, especialista en crecimiento,
desarrollo y estimulación temprana – Cutervo”.
Resulta evidente que la puesta en vigencia de la directiva
01-2010 buscaba generar mayores ingresos a las altas autoridades de la
universidad, violentando lo dispuesto en la Constitución. En la decisión del Tribunal
Constitucional y a lo señalado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas,
que coinciden en respetar la autonomía
universitaria en la parte normativa de gobierno académico – administrativo y
económica, pero entendiéndose que no se convierte en una isla dentro de la
organización estatal y que, por lo tanto, la presencia del estado en la
supervisión y control de la calidad de servicio público de la educación
universitaria no puede ser dejada de lado.
Tendrá que hilvanar fino Wilfredo Chero para sacar
adelante un proceso en que las pruebas que muestra la fiscalía son
contundentes. Nada de amenazas ni de ironías que tengan antecedentes fiscales y
que puedan conllevar una sentencia ejemplar a “LOS CATEDRÁTICOS DE LA “PEDRO”.
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