Hace
un par de semanas, escribí un artículo casi premonitorio, que titulé, “Capitán Beto…El Barco se hunde”, en
donde detallaba algunas acciones y comportamientos del círculo de “pretorianos”,
como llamé a los más cercanos colaboradores del hoy prófugo de la justicia, Roberto Torres Gonzales. Hubo, como suele pasar en los artículos de
opinión, comentarios a favor y en contra. Infelizmente, quienes estuvieron en
desacuerdo y me lo hicieron saber de manera directa, fueron: Martín Villanueva Velezmoro y Jorge Incháustegui Samamé. Hoy, sabemos
en la condición en la que se encuentran y que, finalmente me indica que lo que
señalé, estaba en lo correcto.
Supe
también de la molestia de Percy Quesquén,
pero nunca me dijo nada. Más preocupado estuvo en saber cómo es que conocía de
alguna de sus actividades. También me contaron que a César Regalado no le había hecho mucha gracia que lo hubiese
comparado como “Un verdadero pulpo”,
pero tampoco asumió una respuesta airada. De Torres no sé cómo lo recibió,
porque según me contaron, no lee estas cosas.
Setiembre
es un mes nefasto para Chiclayo. Hace 7 años, la avidez desmedida de Castillo Chirinos, que respaldado por
su correligionario Javier Alva Orlandini,
nefasto personaje de la política y de la justicia de nuestro país, que como
miembro del TC tuvo mucho que ver en la resolución con la que se anuló la
decisión del JNE de sacar del cargo de alcalde de Chiclayo a su correligionario
de ese entonces.
Alva
Orlandini, conocido como el “Lechuzón”, ha
tenido intervenciones antológicas en su
vida pública, como por ejemplo: en Julio
de 1967, siendo Ministro del Interior, dispuso la quema pública de libros, que
el gobierno entendió como contrarios a la democracia. Convertido en
inquisidor del siglo XX, a Alva no se le subió la sangre a la cara con semejante
despropósito que luego trataron de taparlo, hasta que, el librero y escritor lambayecano, Juan Mejía Baca, actualizó semejante
aberración en su libro “Quema de libros
en el Perú. Requisa y censura de los mismos”.
Pero,
el sinuoso camino de Alva Orlandini lo llevó a decir en 1990, refiriéndose al Jurado nacional de
Elecciones: “el JNE es autónomo. El JNE
y sus órganos aprecian los hechos, con criterio de conciencia. Resuelven
conforme a derecho. CONTRA SUS
RESOLUCIONES NO PROCEDE RECURSO ALGUNO”. Si hubiese continuado pensando
así, quién sabe se hubiese evitado la crisis de gobernabilidad que padecimos en
el 2006 y, con seguridad, el Palacio Municipal no se hubiese incendiado. Pero,
cambió de opinión y ahora se tienen que pagar las consecuencias.
Pero
lo vivido el martes 30 de setiembre del 2014 será recordado por muchos años en
Chiclayo. Ese día, en operativos que sorprendieron a todos, se detuvieron a
personas ligadas al Alcalde. Todos sabemos quiénes son y se podría decir que
estaban en las listas que la gran mayoría de chiclayanos habíamos elaborado.
Las noticias que inundaron las redes sociales desde el mediodía, hablaban de un
mega operativo policial, con efectivos llegados desde Lima, junto a fiscales,
para realizar el operativo. Más de un comunicador, reclamando para sí la
primicia, se llenaba la boca calificando el operativo como “igualito al que se hizo para capturar al Viejo Paco”.
Recién
en horas de la noche, se supo que toda la acción había sido planificada en
Chiclayo y que los fiscales, Sergio
Zapata y Juan Carrasco, eran quienes lideraban la operación. Desde hacía
varias semanas atrás habían llegado a Chiclayo especialistas de la PNP en la
interceptación de teléfonos, los mismos que, con el respaldo judicial,
comenzaron su tarea de escucha con los teléfonos de los detenidos y prófugos
conocidos y de otra treintena de personas, que se irán conociendo en los
próximos días.
Como
resultado de esa labor, los fiscales Zapata y Carrasco solicitaron a la jueza
Cecilia Grandez que autorizara las detenciones. Me imagino, que lo que más les
preocupaba a ambos era el sigilo con que debía realizarse la acción. Me han asegurado que a los policías
intervinientes se les dijo 10 minutos antes de empezar el operativo de qué se
trataba éste. Algunos de los buscados cayeron incluso en su centro de
labores, pero Torres y otros de sus funcionarios y proveedores, lograron
escaparse. Todo hace pensar que alguien dio la alerta y los que pudieron se
pusieron a buen recaudo.
La
jueza Cecilia Costa Gonzáles ha
dictado 5 días como tiempo en que los acusados deberán permanecer detenidos,
mientras que la Fiscalía prepara la acusación pertinente. Todo lo vivido en la detención, la aparición de millones de soles,
joyas, vehículos, documentos, etc. hacen prever que estamos ante un complejo caso
delictivo, que se agrava porque el principal acusado prefirió huir, en vez de
hacer frente a las investigaciones. Esta acción puede determinar que el
pedido que la fiscalía deberá presentar el próximo martes sea el de
internamiento en el penal de Chiclayo, por lo menos durante 9 meses.
Fui
siempre crítico de la presencia de Norma Muro en el cargo de sub gerenta
de Turismo en la MPCh. No tenía
argumentos sólidos que avalaran su presencia en dicho cargo. Pero, era la madre
de Katiuska del Castillo, convertida
a su corta edad en pareja de un hombre que podría ser su papá. Muro, quien
estaba con orden de captura, acusada de enriquecimiento no sustentable, decidió
entregarse voluntariamente y, dando un ejemplo de mamá, dijo: “quiero y tengo que estar al lado de mi
hija”. Qué abismal diferencia con la actitud de Torres Gonzáles, quien ha
preferido enviar una carta, acusando a anónimos personajes, que han originado
una persecución política en su contra
y que no va a entregarse por falta de garantías.
Parece
que el prófugo alcalde no se da cuenta que con esa actitud, no solo complica su
situación, sino las de sus coacusados.
Ninguno podrá ser puesto en libertad, mientras que, por lo menos Torres no sea
detenido. Me pregunto: “¿habrá pensado como Muro, en su hija? … ¿Le habrán dicho
que la acusación contra ella es seria y que le puede costar varios años de
cárcel?” Torres debería mostrar entereza y enfrentar la situación, venga lo que
venga. Si su conciencia está tranquila y sus argumentos defensivos son
sólidos y solventes, no tiene por qué temer. En
situaciones como éstas es donde la hombría se pone de manifiesto. De lo
contrario, solo se es un vil cobarde.
Toda
esto acarreará una situación muy delicada en la MPCh, EPSEL y el SATCh. En una
decisión sin ningún tipo de respaldo legal, el gerente de recursos humanos, José Sigueñas, creó el martes el “gabinete de funcionarios” y procedió a
designar gerentes, lanzando una frase célebre: “aquí no ha pasado nada”. Es decir, el descabezamiento de las
principales autoridades municipales, su condición de prófugos, no generan para
este profesor y dueño de un colegio, ninguna preocupación. Es de los que piensan que el alcalde puede dirigir la municipalidad
desde la clandestinidad y por teléfono. Increíble el fanatismo de Sigueñas.
Para este hombre vale más un prófugo de la justicia que el vapuleado concejo
municipal.
Dado
a que esto recién empieza, no se puede avizorar el futuro, pero que los
detenidos pasarán muchos meses en prisión, es seguro. Que cuando detengan o se
presente voluntariamente Torres, la justicia será implacable con él, es seguro.
Que si los otros denunciados no se
asesoran debidamente y deciden seguir en la condición de prófugos, su vida y la
de sus familiares entrarán en un tobogán imparable. Los que tengan trabajos
adicionales, los perderán, los ingresos económicos en sus hogares se minimizarán.
La estabilidad de sus hijos en los colegios o universidades, se deteriorará.
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