En Junio del 2005 el Jurado
nacional de Elecciones - JNE emitió
la Resolución No.156-2005, en la que hacía oficial la vacancia de Arturo Castillo en la alcaldía de la
MPCh. Culminaba (o eso parecía) una lucha tenaz, emprendida por el entonces
Secretario General de los obreros municipales de Chiclayo, Rodolfo Guerrero, un joven dirigente al que el malévolo exalcalde
quiso tratarlo con la punta de su zapato, al igual que a centenares de
trabajadores a los que despidió, basándose en una torpe, absurda y
malintencionada declaratoria de emergencia administrativa de la municipalidad.
Esa vacancia sentó un precedente
funesto en la administración judicial, pues aun cuando se sabía muy bien que la
decisión del JNE, era inapelable, Castillo, asesorado sabe Dios por quién,
presentó un reclamo al Tribunal Constitucional, donde su, por entonces,
correligionario Javier Alva Orlandini, había sentado sus
bases y usando sus artificios legales,
acumulados durante tantos años, logró inducir a los miembros del colegiado para
que le dieran la razón al vacado.
Esa agua la hemos visto correr
varias veces. Se han escrito libros, ensayos, se han dado opiniones de letrados
y no tanto. Castillo era el eje, el sufrido, el vejado. A Guerrero, el impulsor
de su vacancia, ya ni lo mencionan y menos, al gestor de la estrategia legal,
que logró lo que parecía imposible: sacar
de la alcaldía al matón, que los chiclayanos, equivocándose como casi siempre, eligieron
como alcalde en el 2002. Ese gestor se llama Germán Vásquez Merino (GVM).
Abogado chiclayano, formado en la UNPRG, que tiene en las ideas izquierdistas su sustento político.
GVM ha escrito varias páginas desde entonces. A varios regidores y a algunos alcaldes les
comenzaban a temblar las piernas, cuando se enteraban que en sus pedidos de
vacancia entraba a tallar Vásquez Merino. En el 2006 se presentó como candidato
al Congreso, integrando la lista del Movimiento
Nueva Izquierda. No tuvo fortuna. Pero, en poco tiempo más, fue convocado
por un debutante en la política, Roberto
Torres Gonzáles (RTG), que era el nuevo alcalde de Chiclayo y de quien
nadie sospechaba, lo que con el paso de los años iba a ser.
Cuando en el 2007, dos
importantes funcionarios de la administración Torres van a parar a la cárcel,
su amigo Rodolfo Guerrero le pidió públicamente a GVM, que dé un paso al
costado y lo deje a Torres. Y así lo hizo. Sin embargo, después de algún
tiempo, en donde se fue a trabajar en el GR de Cajamarca, convocado por el
presidente Santos, regresó. Y regresó para seguir trabajando al lado de Torres.
Cuando se produce la vacancia en el 2012, GVM
asume la tarea de defensa del exalcalde, haciendo dupla con otro abogado chiclayano,
Gino Díaz Brenis.
Siempre se preció de haber sido
él, quien gestó la idea de presentar una Acción de Amparo para lograr el
regreso de Torres. Lo que vino después, ya lo conocemos. GVM, sin embargo, en los tramos finales, fue marginado de las acciones
del huésped de Pisci, hasta que a principios de este año, volvió a participar
de la administración. Esta vez, como Procurador
Municipal. En ese cargo, lo encontró la tragedia del 30 de setiembre. Y
renunció antes que lo echaran.
“Yo no podía trabajar con Montenegro. Esa mujer es una incapaz y
mediocre. No había emitido aun el JNE la resolución designándola alcaldesa y
ella ya estaba sentada en la silla del alcalde”, me dijo un resuelto
Vásquez Merino. Y, con la convicción con que ha afrontado sus procesos
judiciales, señaló: “Yo la tengo
denunciada por estafa. Ella le vendió un vehículo a RTG y después de recibir el
dinero, apareció otra venta, inscrita en los registros públicos a nombre de
otra persona. El caso ya está con acusación fiscal”.
Sin embargo, es contra el fiscal Esdras Sánchez Moreno, que GVM dispara toda su artillería: “ese tipo es un delincuente. Yo lo he denunciado porque, en
cierta oportunidad, quiso presionar a mi amigo, el Notario Henry Macedo, para
que le diera dinero por haber aceptado en un trámite un DNI falso”. El exprocurador municipal sostiene que, la
incapacidad e idoneidad del fiscal es a
todas luces cuestionable. “Se ha querido
subir al carro de los fiscales que, liderados por Sergio Zapata y Juan
Carrasco, han logrado limpiar la imagen del Ministerio Público de Lambayeque”,
dice contundentemente.
“Y no encontró mejor manera de mortificar y aparecer como un fiscal
eficaz, que actualizar una denuncia que viene desde el 2004 y, quién sabe, por qué
motivos la ha tenido guardada tanto tiempo “. Y es verdad, Sánchez Moreno,
en las últimas semanas, presentó su denuncia, primero sin pedir prisión para
los acusados y, un juez le dijo que sustentara mejor su pedido. Luego, después
que cayó Torres y su gente, volvió al juzgado, pero entonces, sí pidió el
internamiento de los acusados. El juez le volvió a negar su pedido.
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