LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ

“¡Que Dios los bendiga! llegó a decir Wilma, la hermana de Roberto Torres, antes que, llevada por varios policías, ingresara a la sede del Ministerio Público, cuando los periodistas que habían sido alertados de su presencia buscaban  arrancarle alguna declaración.  Era el viernes 15 de Mayo 2015. Una semana después, la jueza  Cecilia Grández  Rojas desestimó el pedido de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, de que internaran a la detenida por 18 meses en el penal de Picsi. Para la jueza, lo solicitado por la Fiscalía no estaba bien sustentado y dictaminó su libertad bajo comparecencia.

Wilma, al escuchar la decisión, volvió a decir “Que Dios los bendiga”. Y claro, me pongo a pensar, porque varias veces lo he dicho, no hay actividad humana en la que el Hombre se parezca más a Dios, que la Administración de Justicia. Solo los que, como yo, hemos estado sentados en el banquillo de los acusados y enfrentado, en mi caso más de 80 procesos judiciales, sabemos lo que se siente estar en la condición de acusados. Y por supuesto la familia. Esa que nunca te deja, aunque seas el criminal más atroz.

Debo aclarar que mis procesos, todos los gané aunque uno duró casi 12 años, fueron con el antiguo Código Penal. Es decir el Fiscal pedía prisión por equis cantidad de años y mientras no hubiera sentencia judicial, no te podían privar de tu libertad.  Sin embargo, como suele pasar, habían policías y periodistas que se ponían de acuerdo cuando alguna persona reconocida caía en desgracia y lo mostraban como si fuera el peor de los criminales.

En cierta ocasión estaba en el  viejo local del Poder Judicial. Mi abogado en aquel tiempo era Luis Verona. Él estaba averiguando cierta información en un juzgado que estaba cerca de la oficina de la Policía Judicial. Yo lo esperaba en la puerta. De pronto, un tipo bajito, acholado, me empezó a hacer señas  como llamándome   y yo me acerqué. Me preguntó si yo era Fernando Noblecilla y yo le dije que sí. Me pidió que ingresara a la oficina de la Policía y a la señora que estaba frente a la computadora, le dijo: “él es el señor Noblecilla” y ante la cara de desconcierto de la mujer, el tipo le dice “está requisitoriado”

Me sorprendí y le dije: “voy por mi abogado” y él me respondió: “no puede salir”. Lo miré de arriba abajo y le dije: “yo vine por mi voluntad e igual me voy”. Felizmente, Lucho estaba allí cerca y me preguntó: “¿Qué pasa?”. Le conté y encarando al policía le dijo: “¿Dónde está la orden? Y el tipo le dice: “la están buscando”. Lucho, entonces me preguntó si sabía qué juzgado era, le dije que sí y nos fuimos corriendo. Otro policía, de esos amatonados que nunca faltan, se unió en la persecución y decía, casi a voz en cuello: “agárralo para enmarrocarlo”.

Al final, no me pasó nada, pero ese tipo de trabajadores que tiene la justicia en nuestro país es lo que la desnaturaliza.  ¿Por qué querían enmarrocarme? Pues para ganarse un sencillo. Llamaban a los medios y al día siguiente el o los titulares: “Detienen a exalcalde” y la foto del atribulado detenido que implicaba una aceptación de haber cometido delito. ¿Eso pasaba antes, con el código antiguo? Sí, pero pasa hoy también y de manera aún más descalificadora para la dignidad de las personas.

 Me pregunto cómo se sentiría usted, sobre todo si es abuelo como yo, si está tranquilo en su casa y de pronto le abren la puerta y entran una docena de personas y dicen ser policías y por allí otras que dicen “somos fiscales” y sin remordimiento  alguno  lo enmarrocan  y levantan todo lo que pueda dar información, incluidos los aparatos informáticos de sus nietos. Y allí no queda la cosa, pues cuando llega al local policial ya hay un numeroso grupo de periodistas esperándolo y tomándole fotos.

¿Cómo  se sentiría si una semana después, y luego de haberle achacado mediáticamente que usted es el mayor malandrín de la historia, la jueza le dice “se puede ir?”. Eso está pasando en el país, porque, a la deficiente tarea de los fiscales, se une la desesperación  de algunos de los llamados “colaboradores eficaces”, por seguir en libertad, manchando honras, difamando escudándose en el anonimato legal, cuándo deberían estar presos.

Por el caso de “Los Limpios de la Corrupción” hay más de 15 detenidos bajo la modalidad de “Prisión Preventiva”.  La prisión preventiva, como detergente fiscal para los denunciados con mayor presencia en los medios, resulta, según el Juez Supremo Duberly  Rodríguez, “un abuso sobre todo cuando se decretan de manera indiscriminada”. Y añade, en declaraciones dadas a un semanario local (Expresión): “El proceso debe afrontarse en libertad, cautelándose la presunción de inocencia”.  Y con preocupación se pregunta. “¿Quién le repara el daño, de haber estado preso injustamente?”. Y claro, la opinión mayoritaria de los abogados coincide con las de Rodríguez Tineo cuando dice: “UNO DEBE IR A LA CÁRCEL CUANDO ES CONDENADO, NO CUANDO ES PROCESADO”.

No soy abogado y por lo tanto, no puedo entrar en una discusión dialéctica sobre la doctrina que implica en el derecho actual, el  NCPP, pero hay señalamientos que, para el menos capaz resultan clarísimos. El Artículo 2 del Título Preliminar del NCPP, dice: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada coma tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada”. Y se añade: “HASTA ANTES DE LA SENTENCIA FIRME, NINGÚN FUNCIONARIO O AUTORIDAD PÚBLICA PUEDE PRESENTAR A UNA PERSONA COMO CULPABLE O BRINDAR  INFORMACIÓN  EN TAL SENTIDO”.

Como muchas normas y leyes en nuestro país, eso es solo un disparo al aire. Hace algunos años atrás, me alcanzaron el Oficio Circular No. 008-2008-SG-CS/PJ del 08 de Enero del 2008, que la, por entonces, Secretaria General del PJ, María del Carmen Gallardo Neira le envío a Roger Herminio Salas Gamboa, por aquel tiempo Presidente de la Corte Suprema, acompañado del Estudio sobre Evaluación de Salud mental para el proceso de Ratificación de Magistrados. Los psiquiatras Alberto Perales Cabrera y Héctor Chuc Pinche, hicieron el trabajo con resultados sorprendentes, que desde luego no puedo actualizar por razones obvias.

Pero esto decían los expertos: “A 20 magistrados se les sometió a una entrevista clínica psiquiátrica y psicométrica. 40% eran limeños y 60% provincianos.  En 50% no se encontró patología psiquiátrica. En 30% trastornos de ansiedad y depresión.  En el 20% restante, sospecha de Trastorno Orgánico Cerebral.  A éstos últimos se les recomendó ampliar la evaluación y se detectó a un 50% con Trastornos de Personalidad, a un 25% con rasgos sociopáticos, 5% de tipo impulsivo, 5% Trastornos mixtos con rasgos de dependencia de la figura femenina y 15% con rasgos de inmadurez e inestabilidad emocional.  Además 25% presentaba patología médica (hipertensión arterial, artritis, diabetes, hiperuricemia y obesidad). En el 90% se detectan factores de estrés”.

Actualmente, el CNM sí somete a los magistrados a un examen psicológico y psiquiátrico, pero solo ellos conocen los resultados. No existe, de acuerdo a datos que he podido obtener, un registro de magistrados con diagnósticos de estrés. El Banco Mundial estima, en un estudio hecho en el país, que los magistrados deberían ver un promedio de 600 casos al año, sin embargo la cantidad que se les asigna a los magistrados es INIMAGINABLE. Y ahora se les pide celeridad.

Ni jueces ni fiscales están obligados  a realizarse chequeos de salud física y mental de manera anual, acción que debería estar presupuestada en cada organismo. Pero no hay tal cosa. Entonces, cabe preguntarnos quién nos acredita si estos seres humanos que  tienen en sus manos la vida de otros seres humanos,  además de su conocimiento profesional, están bien de salud y no están generando la INJUSTICIA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ.