domingo, 25 de enero de 2015

LOS BURÓCRATAS DESPUÉS DE LAS MUERTES

Cuando el 7 de setiembre del 2006 el Espíritu Santo (debemos entenderlo así, puesto que nunca se hallaron a los verdaderos responsables) lanzó sus bíblicas lenguas de fuego sobre nuestro Palacio Municipal, originando un voraz incendio que casi lo destruyó por completo, muchos nos imaginábamos cómo hubiera sido con gente al interior. Realmente hubiese sido una verdadera catástrofe.  Felizmente, más allá de los daños materiales, no hubo pérdidas humanas que lamentar.

En la semana pasada, el incendio y posterior explosión de balones de gas en un depósito clandestino de dichos materiales, nos volvió a una realidad con la que vivimos y que parece no importarnos, ni a nosotros  los vecinos, ni a nuestras autoridades. No de otra forma puede explicarse la tragedia vivida por los residentes y vecinos del edificio ubicado en la calle César Vallejos 275 en el Pueblo Joven El Porvenir, donde más de 20 balones de gas explotaron luego que se desatara un incendio incontrolable.

El resultado, tres personas muertas. Una niña de 11 años, su madre y una bebe de tres meses de nacida. Y hay también varios heridos. ¿Hay algún responsable de esta tragedia? Sí. Diría más bien, varios. Pero, empecemos por el propietario del inmueble, un sujeto llamado Humberto Coronel Regalado, quien no solo tenía ese depósito, sino otro más en un lugar cercano, donde la Fiscalía encontró más de mil balones de gas almacenados. Ambos locales, sin la documentación en regla. Estaría clavada la figura del homicidio culposo. El agravante para Coronel, es que al parecer no se preocupó por la suerte de los heridos, menos aún de los muertos. Una bebé de tres meses, indefensa, que nunca sabrá el porqué tuvo que morirse antes de empezar a vivir su vida.

Lo patético del caso es que, a raíz de las muertes, los burócratas se convocaron para analizar el tema de la informalidad de los distribuidores de gas. ¡Increíble! Esperan que se produzca la tragedia para recién convocarse, hablar entre ellos y luego salir a pontificar, para que los medios informen a la opinión pública sobre su abnegado trabajo, que lo asumen con fraternal aprecio para con la comunidad en la que están inmersos. “Fariseos del siglo XXI”.

Uno de los primeros en declarar con el evidente propósito de tomar distancias de la tragedia, fue Heraclio Prada Martínez, el jefe de la oficina local de OSINERGMIN. Este burócrata de escritorio, salió a decirnos que “para evitar que se repita la desgracia ocurrida en El Porvenir, es necesario que exista mayor control de parte de las municipalidades”.  Y, entonces me pregunto: “¿cómo puede justificar Prada Martínez su sueldo?”  Él es un funcionario de nivel SP-ES E1-3, cuyo haber mensual está entre 10,700 y 12,500 soles.  ¿Y qué hace para justificar su remuneración? Pues, en el informe que alcanzó a su superioridad en el 2013, mencionó 47 campañas de orientación en calles, plazas, mercados y ferias. ¿Habrá ido al PJ El Porvenir?

Dijo que visitó 11 municipios (ni siquiera uno por mes). Que participó en tres operativos junto al Ministerio Público, Electro Norte y la Defensoría del  Pueblo. No menciona a la MPCh, ¿habrá sido acaso porque no quería juntarse con Torres Gonzáles? ¿Quién sabe señor? Prada asegura que se reunió 19 veces con el periodismo local. No recuerdo haber sido invitado, pero es posible que en su oficina no me conozcan. Así que no me quejo. Y aseguró que el 30 de octubre del 2013 hizo el seminario “Seguridad en las instalaciones de gas licuado de petróleo- Región Lambayeque” y aseguró que asistieron 186 personas. ¿Habrá estado allí Humberto Coronel Regalado?

Pero, Prado Martínez no es el único que debe expiar sus culpas. Mi amigo y secretario técnico de del Comité de Defensa Civil del GRL, Carlos Balarezo Mesones, también  tiene responsabilidad en esta situación. Se ha sabido que el local siniestrado funcionó como depósito para venta de balones de gas casi durante 20 años. Y, la calle Santa Rosa del PJ El Porvenir no está en los “requintos infiernos”. Balarezo quiere responsabilizar a OSINERGMIN,  pues dijo: “no se trata de autorizar la apertura de gas, sino de fiscalizar que la manipulación se haga de manera correcta”. Y, en una nueva demostración de su “conocimiento de causa”, Balarezo Mesones señala que 60% de los depósitos de venta de gas serían informales. La pregunta que me hago es si: “¿acaso el buen Carlitos, sabrá cuánto es el 100%?”

A los dos días de la desgracia, cual cruzados de la Edad Media, los burócratas salieron a la cancha y teniendo como abanderada a la fiscal Ivonne Zárate, convertida desde hace un tiempo en una especie de “Juana de Arco” o “Juana la Doncella”, como se le conocía en Francia, pero a la chiclayana. Y, entonces en una mañana cerraron 20 establecimientos dedicados a la venta de gas informal, ubicados de acuerdo a las informaciones periodísticas, a inmediaciones del edificio fatídico.

Zarate, quien es fiscal de prevención del delito, se hizo conocida por sus enfrentamientos con la ex regidora encargada de la alcaldía, a la que le puso los puntos sobre las íes varias veces , llegando incluso a denunciarla. Los que la conocen, saben y dicen que es una mujer aguerrida, “tiene calle, es de Campodónico”, me dijo un colega, cuando se le vio en sus primeras acciones como fiscal de prevención. Después de la tragedia, en donde Zárate no tiene ninguna responsabilidad, debemos entender que ella encabezará la tarea de descubrir los depósitos clandestinos, sancionar a sus conductores y clausurarlos.

Claro que ella sola no va a poder hacer la tarea. Requerirá el apoyo municipal y ojalá de OSINERGMIN. Descontado está que, Carlos Balarezo, el “Profeta de las Desgracias” como lo calificara alguna vez Yehude Simon, tendrá que entrar a tallar con energía, para evitar que accidentes fatales como los que hemos vivido se vuelvan a repetir. Me imagino que, si no es Ivonne Zárate, otro fiscal tendrá que asumir la investigación para determinar las responsabilidades. Se ha adelantado información que el local de Coronel Regalado no tenía documentación en regla. Pero, ¿y si la presenta? Allí sí que se arma Troya. Y, entonces los homicidios culposos pueden pasar a dolosos.

Que las muertes de María Siesquén Santisteban,  de su hija Brisa Bravo Siesquén y de la bebé  de tres meses, de la que no conozco su nombre, reciban de parte de la justicia, la compensación de que no han sido en vano sus decesos. Que ha comenzado a moverse el paquidérmico aparato estatal para impedir que tragedias como las que les quitó sus vidas, se vuelvan a repetir. Ojalá que las cosas cambien y que nunca más tengamos que ver a “LOS BURÓCRATAS DESPUÉS DE LAS MUERTES”.

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